DELINCUENCIA EN EL ESTADO DE MEXICO

Crecen las múltiples quejas contra el Operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas) en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero en el Estado de México, donde los comerciantes alertan contra atentados en sus establecimientos que perjudican su patrimonio, bienestar personal y derechos constitucionales a manos de las fuerzas del orden, cuyos elementos constantemente los amenazan con falsear imputaciones de delitos para así extorsionarlos violentamente y obligarlos a entregarles dádivas.

El 4 de octubre de 2016, el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza hizo público que el Operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas) para combatir la inseguridad y la delincuencia, entraría en operación. No era la primera vez que ese municipio y el de Nicolás Romero, a través de sus autoridades, se apoyaban en las BOM para patrullar y ejercer la función de reforzar la seguridad pública en la zona.

Funcionarios municipales de municipios señalados como los más violentos han detallado que los operativos estarían a cargo de miembros del Ejército mexicano, Marina, Policía Federal, Estatal y Municipal de Nicolás Romero, Atizapán, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, entre otros, que  estaría reforzado gracias a un convenio de colaboración firmado  con el gobernador Eruviel Ávila, quien entregaría cámaras de videovigilancia para instalarse en diferentes puntos de los municipios con graves problemas de inseguridad.

Sin embargo se han seguido suscitando balaceras y asaltos en el transporte y casa habitación –aunque curiosamente, no igual de antes de iniciar campañas políticas-  infinidad de colonia son agraviadas de manera grosera por los criminales y la policía , ni sus luces, siguen denunciando los colonos.

Aunque,  Eruviel Ávila, titular del gobierno de mexiquense, anunció el incremento de los operativos de seguridad en la entidad conjuntamente con las Fuerzas del Ejército, Policía Federal y Marina, y que se aumentarían de 40 a 56 las BOM los cuerpos de “seguridad” están totalmente rebazados.
“En dichos operativos tanto los policías federales, ministeriales del Estado de México, vestidos de negro, encapuchados y con armas largas, sin mediar palabra, portando armas largas, entran a los establecimientos, los catean y detienen a los empleados, en tanto se roban equipo, mercancía y dinero que hallan a su paso; teléfonos celulares, computadores, aparatos y cámaras de vigilancia”, explica Saúl Medina, impresor asentado en la colonia México Nuevo de Atizapán de Zaragoza.

Del mismo modo explican que llevan a empleados ante el Ministerio Público, ya sea federal o del fuero común, pero no se consigna ninguna averiguación previa sino que amenazan a sus familias para que paguen determinada cantidad porque en caso contrario se les acusará de delitos contra la salud, sembrándoles droga, y que serán remitidos a prisión.

Así, detallan que son extorsionados y presionados hasta por 48 horas, con el familiar retenido: “Dicen los policías que si denunciamos o `hacemos pedo’ (sic) ya saben dónde vivimos nosotros y nuestras familias. Han llegado al punto, policías ministeriales de Nicolás Romero y Atizapán a decirles que lo que se junta es para las campañas del Estado de México, o ‘para hacer la maleta’ por si pierden”, añaden los quejosos.

Crecen las múltiples quejas contra el Operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas) en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero en el Estado de México, donde los comerciantes alertan contra atentados en sus establecimientos que perjudican su patrimonio, bienestar personal y derechos constitucionales a manos de las fuerzas del orden, cuyos elementos constantemente los amenazan con falsear imputaciones de delitos para así extorsionarlos violentamente y obligarlos a entregarles dádivas.

El 4 de octubre de 2016, el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza hizo público que el Operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas) para combatir la inseguridad y la delincuencia, entraría en operación. No era la primera vez que ese municipio y el de Nicolás Romero, a través de sus autoridades, se apoyaban en las BOM para patrullar y ejercer la función de reforzar la seguridad pública en la zona.

Funcionarios municipales de municipios señalados como los más violentos han detallado que los operativos estarían a cargo de miembros del Ejército mexicano, Marina, Policía Federal, Estatal y Municipal de Nicolás Romero, Atizapán, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, entre otros, que  estaría reforzado gracias a un convenio de colaboración firmado  con el gobernador Eruviel Ávila, quien entregaría cámaras de videovigilancia para instalarse en diferentes puntos de los municipios con graves problemas de inseguridad.

Sin embargo se han seguido suscitando balaceras y asaltos en el transporte y casa habitación –aunque curiosamente, no igual de antes de iniciar campañas políticas-  infinidad de colonia son agraviadas de manera grosera por los criminales y la policía , ni sus luces, siguen denunciando los colonos.

Aunque,  Eruviel Ávila, titular del gobierno de mexiquense, anunció el incremento de los operativos de seguridad en la entidad conjuntamente con las Fuerzas del Ejército, Policía Federal y Marina, y que se aumentarían de 40 a 56 las BOM los cuerpos de “seguridad” están totalmente rebazados.
“En dichos operativos tanto los policías federales, ministeriales del Estado de México, vestidos de negro, encapuchados y con armas largas, sin mediar palabra, portando armas largas, entran a los establecimientos, los catean y detienen a los empleados, en tanto se roban equipo, mercancía y dinero que hallan a su paso; teléfonos celulares, computadores, aparatos y cámaras de vigilancia”, explica Saúl Medina, impresor asentado en la colonia México Nuevo de Atizapán de Zaragoza.

Del mismo modo explican que llevan a empleados ante el Ministerio Público, ya sea federal o del fuero común, pero no se consigna ninguna averiguación previa sino que amenazan a sus familias para que paguen determinada cantidad porque en caso contrario se les acusará de delitos contra la salud, sembrándoles droga, y que serán remitidos a prisión.

Así, detallan que son extorsionados y presionados hasta por 48 horas, con el familiar retenido: “Dicen los policías que si denunciamos o `hacemos pedo’ (sic) ya saben dónde vivimos nosotros y nuestras familias. Han llegado al punto, policías ministeriales de Nicolás Romero y Atizapán a decirles que lo que se junta es para las campañas del Estado de México, o ‘para hacer la maleta’ por si pierden”, añaden los quejosos.