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Indemnizarán a ciudadanos por omisiones o daños ocasionados por servidores públicos

La reparación del daño al ciudadano por irregulares en la función pública o actuación de funcionarios, será una realidad gracias a una iniciativa del GPPAN que busca robustecer la Ley de Responsabilidad Patrimonial y otorgar al afectado su derecho a reclamar una indemnización.

“En el caso de daños personales, corresponderá una indemnización con base a los dictámenes médicos correspondientes y conforme a lo dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo”.

La iniciativa, la cual es promovente el diputado local Jorge Triana Tena, indica que un habitante de la CDMX podrá gozar de este derecho cuando vea afectada su salud, entorno o patrimonio, derivado de omisiones en el funcionamiento de la Administración Pública local.

De aprobarse esta iniciativa de ley y de acuerdo al panista, se busca disminuir las deficiencias en los servicios públicos y reducir las tasas de violación a los derechos humanos.

En caso de daños que ocasionen la muerte de una persona, el derecho a reclamar indemnización de los causahabientes o herederos prescribirá en tres años.

En caso de que la actividad irregular implique la comisión de un delito, el plazo para reclamar la indemnización será de 3 años contados a partir de que el particular tuvo conocimiento del mismo.

En caso de desaparición forzada el plazo para reclamar será imprescriptible.

Otro de los objetivos planteados, es que los capitalinos tengan derechos con base a lo establecido en la Constitución local en materia de responsabilidad.

Con la presente reforma también pretende generar estímulos a favor del ciudadano frente a la deficiencia en los servicios de seguridad ciudadana, dónde el Estado no solo debe investigar toda falla, sino que debe reparar aquellos daños que la población civil haya sufrido de manera inaceptable y que jurídicamente no se encuentre obligada a soportar.

Establece procedimientos más sencillos a favor del ciudadano cuando exista una reclamación por violaciones cometidas por servidores públicos.

En este sentido, la iniciativa describe cuando de estas deriven muertes, lesiones, detenciones arbitrarias o violaciones a los derechos humanos.

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